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El actual proyecto de Ley de Acciones Colectivas amenaza con debilitar los derechos de las personas consumidoras
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Se desprecia la experiencia y el conocimiento de las asociaciones de consumidores
En un momento en el que los consumidores se enfrentan a desafíos cada vez más complejos —desde cláusulas abusivas hasta prácticas empresariales opacas—, cabría esperar que una nueva Ley de Acciones Colectivas naciera con vocación de justicia y protección. Sin embargo, el actual proyecto legislativo apunta en la dirección contraria: más que fortalecer los derechos de quienes consumen, amenaza con vaciarlos de contenido.
El modelo opt-out, que prevé incluir por defecto a los consumidores en demandas judiciales sin su consentimiento ni información previa, es una muestra clara de este desvío. ¿Cómo se puede representar a quien no sabe que está siendo representado? ¿Cómo se garantiza una compensación real si no se identifica al colectivo afectado ni se recogen pruebas con antelación?
Frente a este enfoque, desde UCARAGÓN reclamamos lo obvio: que se informe, se escuche y se respete a quienes se pretende proteger.
Reivindicamos el sistema opt-in, que exige el consentimiento expreso de cada afectado, como base para cualquier procedimiento verdaderamente justo.
Pero esta ley no sólo ignora a los consumidores; también arrincona a quienes han dedicado décadas a defenderlos. Al eliminar la exigencia de representatividad como criterio para litigar colectivamente, abre la puerta a intereses privados, fondos de inversión y despachos sin vínculo alguno con la ciudadanía. Se desprecia la experiencia y el conocimiento de las organizaciones de consumidores, dejándolas fuera de un sistema que ellas mismas ayudaron a construir.
Además, al priorizar la velocidad sobre la calidad mediante el principio de “first to file”,
se incentiva la carrera por presentar demandas rápidas en lugar de sólidas. Y mientras tanto, los consumidores quedan atrapados en procesos mal diseñados, con escasas garantías y peores resultados.
Tampoco se fomenta la resolución extrajudicial ni se valora el impacto sobre mecanismos consolidados como el Sistema Arbitral de Consumo. Todo parece encaminado a convertir la acción colectiva en un negocio, no en un derecho.
Por todo ello, pedimos una reflexión urgente. Una ley que dice proteger a los consumidores no puede construirse sin contar con ellos, ni a costa de quienes los defienden. La justicia colectiva debe ser una herramienta de empoderamiento ciudadano, no una oportunidad de negocio.
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