ConsumES, Confederación a la que pertenece UCARAGÓN, ha celebrado hoy en la Facultad de Sarriko de la UPV una jornada sobre el impacto de la factura energética en los consumidores vulnerables y los actuales mecanismos de protección a través del bono social eléctrico y el bono térmico.
En la apertura de la jornada, el investigador del BC3 Mikel González-Eguino ha analizado el impacto del gasto energético en las familias clasificadas por niveles de renta, poniendo de manifiesto como la actual fiscalidad energética, que encarece a la electricidad frente a otras alternativas energéticas, penaliza principalmente a las familias en los percentiles de renta más bajos. En su presentación, propone una revisión de la fiscalidad en base a criterios medioambientales, que debería reducir la carga fiscal de la electricidad, beneficiando a las familias más vulnerables y facilitar la transición a una economía más descarbonizada.
Tras está intervención diferentes expertos del sector energético han mantenido un debate sobre la factura eléctrica y la fiscalidad que se incorpora en sus diferentes conceptos, que supone casi un 40% de recargo sobre el coste de suministro, y el efecto de los mecanismos de protección diseñados para aliviar del impacto de estas facturas en loso consumidores vulnerables.
Los expertos coinciden en señalar las dificultades que tienen las empresas suministradoras de electricidad para identificar a los consumidores vulnerables y piden un papel más activo de los Servicios Sociales, que tienen mayor capacidad de acercamiento a estos colectivos.
También ponen de manifiesto la incoherencia entre el actual bono social eléctrico, que obliga a aplicar un descuento en la factura eléctrica que se financia por todos los agentes del sector, mientras que el bono térmico se ingresa directamente por las CCAA en una cuenta corriente de los beneficiarios del bono eléctrico, sin verificar si existe un suministro energético térmico contratado por estas familias. Se plantea como sistema alternativo la creación de un cheque energético que compense los gastos de las facturas energéticas, o medidas de descuento en el IRPF, que garanticen una protección efectiva para estos consumidores.
Se destaca una especial preocupación por la falta de control institucional en el telemarketing (spam telefónico) en el sector eléctrico, que persigue la contratación indiscriminada de los consumidores y que, muchas veces, deriva en un cambio no consentido de comercialización y pérdida del bono social para consumidores vulnerables. Se plantea una prohibición expresa del telemarketing y un mayor control sobre los procedimientos de contratación en llamadas consentidas, sobre todo para tratar de acotar el fraude impulsado por pequeñas comercializadoras que se apoyan en callcenters ubicados fuera de España para realizar esta actividad.
Por su parte, los consumidores y las empresas energéticas ponen de manifiesto las limitaciones de la herramienta diseñada por el Gobierno para la tramitación de solicitudes de bono social, conocida como BOSCO, y la necesidad de matizar correctamente el criterio renta para la identificación de los consumidores vulnerables.
Se plantea también la posibilidad de desarrollar otro tipo de medidas complementarias al descuento en factura o cheque energético, como actuaciones en eficiencia y rehabilitación de viviendas.
Se ponen en valor los procedimientos para resolución de conflictos a través de la Junta Arbitral de Consumo, y los convenios suscritos por las empresas con los ayuntamientos, que permiten la participación de los Servicios Sociales cuando se detectan impagos de facturas energéticas, a fin de evitar cortes de suministro a colectivos vulnerables.
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