- La Unión de Consumidores de Aragón- UCARAGÓN, que forma parte de ConsumES junto a las Uniones de Consumidores de Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia, ha participado en la elaboración de este manifiesto.
- En este manifiesto expresamos nuestro rechazo a este proyecto de ley y denunciamos que se puede poner en riesgo la existencia de las asociaciones de consumidores.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Confederación ConsumES (que agrupa a las Uniones de Consumidores de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia) hemos elaborado un manifiesto en común en el que expresamos nuestro rechazo al actual texto del Proyecto de Ley de Acciones Colectivas.
Dicha iniciativa conjunta denuncia que, lejos de fortalecer los derechos de los consumidores, la propuesta legislativa actual podría debilitarlos seriamente y poner en riesgo la existencia de las asociaciones que tradicionalmente han velado por sus intereses.
Bajo el título “Por una Protección Real y Efectiva de los Consumidores”, el escrito expone los principales motivos de preocupación del sector. En primer lugar, critica duramente la imposición por defecto del sistema opt-out, que incluye a los consumidores en demandas colectivas sin su consentimiento informado ni la posibilidad de decidir su participación. Consideramos que no se puede proteger a los consumidores sin contar con ellos, e insistimos en que este modelo impide la adecuada información, documentación y delimitación del colectivo afectado.
Además de lo expuesto con anterioridad, proponen que el sistema opt-in —en el que los consumidores deben dar su consentimiento expreso para ser incluidos— sea el modelo por defecto. Sólo en casos específicos y debidamente justificados, como los de intereses difusos, debería contemplarse el opt-out. La protección efectiva sólo es posible cuando se conoce quiénes son los afectados y se les mantiene informados en todo el proceso.
Otro de los aspectos más polémicos es la amenaza que la nueva ley supone para la supervivencia de las asociaciones de consumidores. El texto actual omite la representatividad como criterio esencial para que una entidad pueda ejercer acciones colectivas, abriendo la puerta a la aparición de actores oportunistas sin trayectoria ni compromiso con los derechos de los usuarios. Resulta incomprensible que se ignore la experiencia de organizaciones con décadas de trabajo en defensa del consumidor.
Asimismo, el principio de “prioridad temporal” —según el cual prevalecerá la primera demanda presentada, independientemente de su calidad— es fuertemente cuestionado, señalando que este criterio fomenta una carrera precipitada por presentar demandas, en detrimento de su preparación y solidez jurídica. La calidad de la representación debe primar sobre la velocidad, subrayamos, reclamando que sean los tribunales quienes valoren qué entidad ofrece la mejor defensa de los intereses colectivos.
También alertamos sobre el debilitamiento de la resolución extrajudicial de conflictos. El diseño de la ley entorpece los acuerdos amistosos y entra en contradicción con otras normativas como la Ley de eficiencia procesal. Además, ignora el papel del Sistema Arbitral de Consumo, una herramienta gratuita y ágil con más de 30 años de trayectoria.
Finalmente, en el manifiesto denunciamos el riesgo de que las acciones colectivas se conviertan en un negocio para grandes despachos y fondos de litigación, desplazando a las asociaciones ciudadanas. Afirmamos que el Proyecto de Ley favorece la mercantilización de la justicia, dejando fuera a quienes verdaderamente defienden al consumidor. En este sentido, proponemos limitar la retribución de los financiadores externos y garantizar que los beneficios de una sentencia lleguen efectivamente a los afectados.
Las entidades firmantes -dos de las entidades más destacadas en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas consumidoras a nivel estatal- hacemos un llamamiento urgente al legislador, a los medios y a la ciudadanía:
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