UCARAGON PROTESTA ANTE EL ANUNCIO DE LA DESAPARICIÓN DE LA PARTIDA DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

La Junta de Arbitraje municipal de Zaragoza, (JAMZ) una de las más antiguas de España, va a ser privada de 15.000 euros de gastos de actividades a pesar de recibir una subvención del Gobierno de España por este concepto, que en al año 2019 ascendió a 29.634 €.

La JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL DE ZARAGOZA es una de las más antiguas de España. Inició su andadura en 1993 en el grupo de Juntas que se puso en marcha con carácter experimental. Se consolidó en 1995, siendo desde entonces, una referencia nacional del funcionamiento de estos instrumentos de defensa de los derechos de los consumidores.

Desde esa fecha, en torno a 8.000 consumidores zaragozanos y las empresas en las que compraron o contrataron un servicio, han podido resolver sus conflictos de consumo mediante este mecanismo gratuito y rápido.

Lamentablemente, en el presupuesto del año 2020 del Ayuntamiento de Zaragoza se pone en riesgo el funcionamiento al hacer desaparecer los 15.000 € de gastos de funcionamiento de la JAMZ. 

El argumento del partido proponente, de que la JAMZ es una competencia impropia y un servicio duplicado, demuestra un profundo desconocimiento de dicho partido sobre el mundo del consumo y del papel que la JAMZ juega en él. Pero, peor todavía es que partidos con gran experiencia municipal, hayan aceptado dicho argumento. Parecen desconocer los responsables de este despropósito el hecho de que la JAMZ no emana de ningún acuerdo con el gobierno de Aragón, y que no tiene ninguna dependencia con la Junta de arbitraje autonómica, sino que su nacimiento y desarrollo es totalmente autónomo y relacionado en exclusiva con el Gobierno de España. De tal manera que recibe del mismo, todos los años, aportaciones económicas para su funcionamiento.

En concreto, en el año 2019 recibió 29.634 € del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social.  Estos fondos los perderá el Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2020 al desaparecer la partida presupuestaria que permite ejecutarlos.

Pero lo peor es constatar el profundo desconocimiento que los responsables del presupuesto municipal parecen tener de la importancia de la protección de los consumidores zaragozanos y de sus visitantes.  Esta ignorancia podría haberse suplido por un simple ejercicio de transparencia y comunicación con los representantes legales de los consumidores zaragozanos, es decir, sus asociaciones.  Cosa que ninguno de los tres partidos ha hecho.  No podemos exigir a nadie que sepa de todo, pero sí podemos exigir que, si no se sabe, se pregunte. Así se podría haber evitado el previsible perjuicio que las arcas municipales sufrirán y lo que es peor, se podría haber evitado la desaparición de un servicio pionero, del que los zaragozanos podemos sentirnos orgullosos por su gran labor en la resolución de conflictos.

15.000 euros pueden parecer poca cosa, pero lo que no es poco cosa es lo que representan.  Esperemos que este desatino se corrija en los próximos días y podamos olvidar tan desagradable incidente.